Ponencia Reforma Ley 30 ACR28

Dos Décadas de Intervencionismo en la Educación Superior Colombiana

Apropósito de la Propuesta de Reforma de la Ley 30 de 1992

Bogotá Abril 20 de 2011

“La calidad nunca es un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de la Inteligencia”

John  Ruskin

Lo debates,  movilizaciones, foros y numerosos  artículos de reflexión publicados sobre la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, presentada por el Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional en  el mes de marzo del presente año,  convocados por las asociaciones académicas y gremiales, las organizaciones de estudiantes y profesores, con la opinión de expertos académicos e investigadores, así como la postura autorizada de los rectores de las más importantes universidades públicas y privadas del país,   quienes han manifestado sus diferencias, y posturas encontradas no solamente con la propuesta de reforma, sino a demás la diferencia conceptual y procedimental para analizar la educación,  de manera particular la educación superior, en el marco del contexto latinoamericano y mundial.

  El gobierno nacional en cabeza del Presidente Nacional, la Ministra de Educación Nacional y su Viceministro de Educación Superior, han reiterado que los problemas de cobertura, calidad y financiación son los principales aspectos que han motivado al ente gubernamental y sus  asesores, a elaborar la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, que fortalece normativa y procedimentalmente el control sobre las instituciones y los programas, es decir se robustece la inspección y vigilancia de los entes del Estados, mermando la autonomía de las universidades.

 De la misma manera se expresa que ante las bajas tasas de cobertura, que según los índices del gobierno en Colombia está en 37%, para lograr la meta del 50% en el 2014, se propone aumentar la cobertura de la educación superior en 480.000 estudiantes, para lo cual una de  las alternativas de la propuesta es flexibilizar las condiciones de participación y competitividad para que ingresen instituciones y capitales internacionales, interesados en invertir en educación superior en Colombia, para lo cual la propuesta de reforma brinda la posibilidad de que las IES puedan ser con ánimo de lucro, pero además siendo reconocidas  como tales podría expedir títulos, que serian validos legalmente, siempre y cuando los programas tengan el respectivo registro calificado.

 De  otra parte se busca que la  cobertura continúe creciendo en proporción geométrica fortaleciendo la formación de técnicos y tecnólogos, con la colaboración activa del SENA, que tendría participación en la nueva composición del CESU; con esta misma lógica expansionista se propone fortalecer las líneas de crédito educativo con préstamos del ICETEX más blandos, que puedan ser pagados después de que el estudiante culmine su carrera y este laborando.

Pero sin lugar a dudas, la propuesta de reforma donde adquiere mayor riesgo y aparente innovación es en la iniciativa de abrir la oferta de programas y servicios de educación superior a nuevas instituciones o empresas nacionales y foráneas, interesadas en invertir importantes recursos financieros en este campo, siempre y cuanto el Estado lo libere de las limitaciones para los intereses de los inversionistas, que no lo ven atractivo tal y como está normatizado con la Ley 30 de 1992, entre otras por que impone que las IES privadas deben ser personas jurídicas de utilidad común sin ánimo de lucro, como corporaciones, fundaciones o Instituciones de economía solidaria ( Articulo 98 de la Ley 30 de 1992).

 Las Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen el 55.38 % de la cobertura en Colombia, de manera unánime a través de sus rectores se han pronunciado en contra de las alternativas plasmadas por el gobierno nacional en la propuesta de reforma para solventar el  agudo  déficit financiero, en que viven año tras año las Universidades Públicas, entre otras causas por lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, que no se compadece con las  inversiones  significativas que han tenido que realizar la mayoría de estos centros de educación superior para alcanzar y sostener la alta calidad académica, lo que se refleja en el mejoramiento de  la investigación, la modernización tecnológica, la docencia calificada, la proyección social, el aumento de cobertura, la  internacionalización, la infraestructura física, el bienestar universitario, la gestión y planeación, lo que ha demandado importantes recursos financieros, muchos de ellos provenientes de fuentes propias, que para el caso de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia superan el 40% del total de su presupuesto.

 El Rector de la Universidad Nacional Colombia Doctor Moisés Wasserman se ha pronunciado, afirmando y demostrando que la propuesta de reforma no soluciona el grave problema de crisis financiera de las Universidades públicas, anunciando que están preparando un modelo alternativo de financiación, que rompa las ataduras financieras de Estado al índice del IPC, que no puede ser el único indicador para valorar los cotos de las universidades actuales, que tienen que están haciendo grandes esfuerzos para responder  las exigencias de estándares nacionales e internacionales de calidad, ampliamente expuesto en la página editorial del  el Espectador y reproducido en un Periódico No 143.

 Al respecto, es importante resaltar el aporte del profesor Jorge Armando Rodríguez, Director  del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, analiza la propuesta de reforma, en lo pertinente a la financiación de la Universidad Pública, para lo cual elabora un riguroso ejercicio, en marzo del presente año, comparativo utilizando los presupuestos técnicos determinados en la actual Ley 30 y los incorporados como novedad en la propuesta del actual gobierno, para concluir que ninguno de los dos responde a las necesidades y exigencias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo de la educación superior, en el contexto nacional e internacional. Con las dos la crisis financiera se continuará agravando, socavando la sostenibilidad y competitividad de la educación pública  en Colombia.

No menos polémica ha causado en el medio universitario la tipología de instituciones que se propone en el proyecto de reforma, en el cual de un tajo normativo quedarían clasificadas  en Universidades e Instituciones Universitarias, recordemos que en la actual Ley se  clasifican en Universidades, Instituciones de Educación Superior o Escuelas Tecnológicas  e Instituciones Técnicas Profesionales (Articulo 16 de la Ley 30 de 192).  Sabemos que dicha clasificación es atípica en el contexto internacional, es una de las herencias del Decreto-Ley 80 de 1980, por el cual se organizó el sistema de educación post-secundario, definiendo que según su carácter académico las instituciones  de educación superior se clasifican en Intermedias Profesionales, Tecnológicas y Universidades (Articulo 43 Ley 80 de 1980), lo que permitió una expansión  geométrica de las IES existentes en Colombia, que hasta ese momento era conformada por las Universidades Públicas y Privadas, más aún autorizó al SENA para  ofrecer programas terminales de formación tecnológica, deformación intermedia profesional y media vocacional.

Con relación a la anterior clasificación  atípica de la educación superior, así como las modalidades y campos, en lo referido a la formación de técnicos profesionales y tecnológicos, invito a los participantes a profundizar en el tema a partir de los importantes aportes de los trabajos investigativos del profesor Víctor Manuel Gómez Campo de la Universidad Nacional, que de manera rigurosa e incansable viene desarrollando desde hace más de tres décadas sobre la Educación Tecnológica en Colombia, demostrando las incoherencias epistemológicas, culturales e históricas de nuestro país, que no han permitido que se estructure un verdadero sistema de educación  de técnicos y tecnólogos, integrado a la educación  básica, media y superior,  que a su juicio no se logra superar en el actual proyecto de reforma, por el contrario se agudiza más en la medida que se acelera la desnaturalización de una entidad tan importante para el mundo del trabajo como es el SENA, sin proponer un verdadero sistema público  de educación postsecundario de formación técnica, de alta calidad como existen  en los países desarrollados, donde ingresan cientos de jóvenes que no tienen acceso a la Universidad.

  Es igualmente preocupante que en la nueva clasificación propuesta en el proyecto de reforma, las tres modalidades de instituciones se reducen a dos, sin embargo es importante recordar que muchas Instituciones Tecnológicas y Técnicas Profesionales se han venido transformando en Instituciones de Educación Superior, pues la actual normatividad les da más oportunidades en cuanto a oferta de programas, además en nuestro medio se gana en estatus y competitividad.

 Considero que  las 5 condiciones que  impone  la propuesta de reforma, para ser y continuar siendo reconocidas las IES como universidades, son abiertamente arbitrarios en la medida que desconocen que las 126 universidades públicas y privadas existente en Colombia, fueron creadas bajo preceptos educativos y  axiológicos, cultural y legalmente aceptados por la sociedad y el Estado Colombiano, que no se pueden desconocer de un tajo normativo, pues no sería propio de un gobierno, que obra bajo el amparo de la ley y la justicia, distintivo universal de la democracia.

Con el propósito de ejemplarizar, los efectos negativos de estos condicionantes, miremos la que exige, que para  ser  Universidad en Colombia  deberá contar con acreditación institucional de alta calidad, de esta manera lo que es voluntario se convierte en obligatorio para las instituciones que aspiren o en la actualidad sean universidades.

 Pues bien, de acuerdo con la información suministrada por el Consejo Nacional de Acreditación   son 21 IES acreditadas de alta calidad, de las cuales 19 son universidades, lo que indica que tan solo el 15% de las universidades han logrado la acreditación institucional. En el supuesto que  se aplicara hoy la propuesta de reforma el 85% de las Universidades no cumplirían con esta condición, y muy seguramente varias de las universidades acreditadas se verían en dificultades para cumplir con las 5 condiciones restantes, que imponen tener un cuerpo profesoral en ciencias básicas; contar con programas académicos por lo menos en tres áreas del conocimiento; contar con grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en las dos categorías superiores (A1 y A), en 3 áreas del conocimiento y tener por lo menos un programa de doctorado. Claro el aliciente es que si las Universidades no  demuestran contar con estas  condiciones, en una muestra de benevolencia el gobierno dará cinco años de gracia para cumplirlas.

Política pública y prioridad  del Estado que a juicio del historiador Jaime Jaramillo Uribe y el filosofo Rafael Gutiérrez Girardot  ha sido postergada en Colombia, y de acuerdo con la actual propuesta de reforma de la Ley 30 y el Plan de Desarrollo 2010-2014 presentado por el gobierno nacional, continuará  postergada.

Las Universidades son organizaciones de naturaleza compleja y sensible, puesto que su esencia es el conocimiento, la búsqueda de la verdad, la formación de profesionales para pensar con innovación. Por eso requiere espacios, tiempos,  recursos y normas que  feliciten y fomenten el trabajo académico, donde el afán y las tensiones del mundo político o empresarial, no se imponga a la pausa, el análisis, la reflexión y el dialogo razonado, propio del saber y la ciencia, necesarios para la creación del conocimiento científico y tecnológico, fundamental para formar intelectuales, profesionales capaces de interpretar y transformar el mundo natural y social, pero también la subjetividad de la misma persona, este es el distintivo universal de la educación para lo superior, que nos legaron grandes maestros que forjaron la creación de la mayoría de las Universidades en Colombia y el mundo, basta recordar en nuestro medio al Padre Alfonso Borrero Cabal, S.J., quien orientó el Seminario Permanente sobe la Universidad, que muchos docentes y directivos universitarios tuvimos la oportunidad de cursar.

 El  aumento de la cobertura de la educación  superior, que compartimos plenamente, como un derecho fundamental del pueblo colombiana, reivindicación postergada históricamente, no puede llevarnos a cohonestar con propuestas reformistas, que en el fondo lo que buscan es continuar con un afán expansionistas  para cumplir con indicadores de cobertura, impuestos por agencias internacionales, socavando la calidad, desnaturalizando el fin mismo de la educación superior y delegando la responsabilidad de Estado, a particulares nacionales e internacionales, cuyo interés prioritario es el lucro, propio del mundo de los negocios, donde la eficiencia y el control  son inseparables de la utilidad, para  beneficio de los inversionistas.

Al respecto  es interesante el artículo del profesor Mauricio Alviar Ramírez, Ph D, de la Facultad de Ciencias Económicas  de la Universidad de Antioquia, publicado en el periódico Alma Mater No 597 de abril de 2011    , del cual transcribo el siguiente texto:

“El capital privado tendría, probablemente, mayores incentivos para invertir en universidades privadas, pero valga decir que aún ellas tienen muy claro que se constituyen en entidades sin ánimo de lucro. No quiere decir, que tengan que operar a pérdida, pero el objeto central no es el lucro; y no puede serlo porque podrían volverse inviables financieramente, siempre y cuando quisieran ser de alta calidad y excelencia académica. Afortunadamente en Colombia hay casos muy exitosos de instituciones privadas, sin ánimo de lucro, de alta calidad y excelencia académica. Lamentablemente también hay muchos casos exitosos en lucro pero catastróficos en términos de calidad y movilidad social.”

 Esta propuesta del gobierno nacional fue abordada de manera crítica por el profesor Gabriel Misas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, el pasado 13 de abril en el Foro de análisis  sobre la Reforma organizado por el Observatorio Nacional de la Universidad Colombiana y el Grupo de Estudios sobre Educación Superior (GEES), realizado en la Universidad Central, expresó que la propuesta del gobierno no se sustenta en estudios serios sobre las implicaciones que tendría para el sistema de educación superior la apertura a inversionistas nacionales e internacionales, la única referencia es a la experiencia de Brasil y Chile, de manera parcial y descontextualizada, resaltando que obedece más a imposiciones internacionales.

Valoramos positivamente los esfuerzos del Estado, las Asociaciones Académicas y  las Universidades para mejorar la calidad de la educación superior, todos sabemos lo rezagados en que estamos en materia de investigación, producción intelectual, internacionalización, cualificación de docentes y cobertura, comparativamente con las mejores universidades ranqueadas del mundo y de América Latina. Pero también sabemos que para  continuar mejorando, la cabeza del Estado, la clase dirigente empresarial y política, debe aprender de los países que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico y económico, que el principal freno para el progreso de los pueblos, es no asumir la EDUCACIÓN como el  factor esencial del progreso y la estabilidad social, para mitigar la pobreza  además del  60% de nuestra población, lo que fue ya diagnosticada y formuladas  las alternativas por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia al Filo de la Oportunidad, del  año 1994. 

Este problema lo aborda el argentino Andrés Oppenheimer, en su libro ¡Basta de Historias!, publicado  a finales del 2010 en el que de manera indaga por qué países como Corea del Sur, China, Singapur, India, Israel, entre otros han superado la pobreza, sus universidades se clasifiquen entre las mejores del mundo y su crecimiento económico sea significativo, la conclusión es contundente, toda la sociedad  de estos países:  clase empresarial,  políticos, trabajadores, investigadores e intelectuales, han asumido que la educación de calidad, con indicadores internacionales y resultados que beneficien a la población, es la base de todos los planes de desarrollo,  la educación es la esencia de la almendra de estos pueblos.

Finalmente resalto que la propuesta de reforma del gobierno nacional como construcción formal y jurídica deja mucho que desear,  lo que vislumbra inconsistencias del orden constitucional y una nueva cascada de decretos y resoluciones, para tratar de remendar lo aprobado de manera acelerada. Igualmente, el cuerpo del articulado de la propuesta, es  sustancialmente procedimental, enriqueciendo el intervencionismo del Estado y acortando la Autonomía Universitaria, otorgada por la Constitución Política de 1991 en el Artículo 69.

 La novedad de la propuesta, frente a las políticas y normas de control y vigilancia ya existentes, lastimosamente radica en abrir el campo de la educación superior,  al interés mercantil del capital nacional e internacional, desmontado la responsabilidad y el compromiso del Estado con la Universidad Pública y colocando en competencia desleal a las  universidades privadas  cuyo fin altruista es la formación de la persona, el desarrollo del conocimiento y la tecnología, al servicio de la sociedad.

Profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y Jefe de la Dirección Académica de Planeación de la Universidad Libre de Colombia.

ALEJANDRO CASTILLO RIVAS

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